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Condenan a 6 años de cárcel a 12 guatemaltecos por fraude en el Seguro Social

27/09/2018 2:46 pm

El Tribunal de Guatemala condenó hoy a 6 años y 3 meses de cárcel a 11 personas por el delito de fraude y a otra más por el cobro ilegal de comisiones, en un caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Los exintegrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación y otros acusados deberán pagar una multa de 50.000 quetzales (6.494 dólares) cada uno, de acuerdo con la sentencia, que los inhabilitó para ejercer cargos públicos pero les otorgó prisión domiciliar mientras queda en firme.

 

 


Sin embargo, la presidenta del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Morelia Ríos, absolvió a siete personas, entre médicos, empresarios y particulares, que estaban sindicados por asociación ilícita y cohecho activo.

Entre los condenados se encuentra Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social y exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), y el expresidente del Banco Central Julio Suárez, quien formaba parte de la junta directiva de la institución sanitaria.

También fueron condenados el subgerente administrativo, Álvaro Dubón, y el exjefe de Servicios Controlados del Instituto en el departamento oriental de Chiquimula, Francisco Cortez.

Además, entre los condenados se encuentra Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada suspendida Blanca Stalling, quien era asesor del Seguro Social y fue encontrado culpable de cobro ilegal de comisiones.

La magistrada suspendida, quien cuenta con libertad condicional, está procesada por haber tratado de influir en un juez de primera instancia que conocía el proceso de su hijo y luego, al ser capturada por las autoridades, por tratar de fugarse amenazando con un arma de fuego a los policías que la detuvieron.

La Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social, que además de Rodríguez y Suárez también estaba integrada por Max Quirín -representante del sector empresarial- y Amparo Lotan, nombraron en 2014 a miembros “no idóneos” de la Junta de Licitación para adjudicar servicios de diálisis peritoneal.

Según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la Junta de Licitación se le acusó de “autorizar en forma irregular que la Droguería Pisa de Guatemala continuara en el proceso de licitación” pese a no contar con los recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario necesario.

Por su parte, los “particulares”, fueron procesados por “integrar un grupo estructurado” que buscaba obtener “beneficios ilícitos” en procesos de licitación de servicios médicos del Instituto.

La Procuraduría de los Derechos Humanos documentó que 40 personas que realizaron diálisis fallecieron y 108 fueron afectadas por los malos servicios prestados por la empresa Droguería Pisa.

 

 

 

 

Efe