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Exdiputada guatemalteca va a juicio por fraude a finanzas de una alcaldía

7/11/2018 2:38 pm

La exdiputada guatemalteca Emilenne Mazariegos fue enviada hoy a juicio hoy junto a otras 11 personas por un caso de presunto fraude a las finanzas de la municipalidad de Chicamán, Quiché, en el norte de Guatemala.

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, consideró que existían elementos suficientes para realizar un juicio por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero contra Mazariegos, quien fue congresista de 2012 a 2016, con el extinto Partido Patriota, que gobernó Guatemala entre 2012 y 2015, cuando el expresidente Otto Pérez Molina fue enviado a prisión por cargos de corrupción.

Según las pesquisas que fueron validadas por la jueza Aifán en la etapa intermedia, Mazariegos y las otras 11 personas que supuestamente integraron la estructura criminal actuaron como una red político-económica ilícita que aprovechó una serie de relaciones políticas en el poder local para defraudar las finanzas de la municipalidad de Chicamán, Quiché.

 

 

Además de asociación ilícita y lavado de dinero, tres de los sindicados tendrán que responder por cargos de fraude en un caso cuya próxima audiencia, en el Tribunal de Mayor Riesgo C, fue programada para el próximo 11 de diciembre.

Según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (Fiscalía) “alrededor de 14 millones de quetzales (1,8 millones de dólares) fueron pagados para la realización de varios proyectos que quedaron inconclusos en perjuicio de la comunidad de Chicamán”.

Los fondos, añadió la Cicig en un comunicado de prensa, “fueron destinados para beneficio de integrantes de la estructura criminal, entre ellos Emilenne Mazariegos, su progenitora Patricia Mazariegos, su conviviente José Fernando Siliézar Mena, y familiares del exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro, entre otros”.

La investigación arrojó que el exalcalde “se concertó con el resto de la red para darle apariencia de legalidad a varios proyectos”, cuya ejecución fue convenida con una organización no gubernamental que “no cumplía con las regulaciones establecidas en la ley, ni contaba con la capacidad técnica para la ejecución de los mismos”, concluyó la Comisión Internacional.

 

 

 

efe