Por medio de una «compañía afianzadora», la ex candidata presidencial Sandra Torres ha realizado la mañana de este viernes el pago de 800 mil quetzales de medida sustitutiva para gozar de arresto domiciliario.
Ella es procesada por el delito de financiamiento electoral ilícito, presuntamente, cometido en el año 2015 durante la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza, según la acusación del Ministerio Público ante el Juzgado de Mayor Riesgo «A». Esta tarde podría recuperar su libertad, pero condicional.