El vicepresidente guatemalteco, Jafeth Cabrera, aseguró que el Tribunal Supremo Electoral es el único encargado de velar por los comicios y consideró innecesario el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
«Tenemos que nosotros salir por nosotros mismos. Ellos (los magistrados) deberían sacar adelante el proceso de la próxima elección», explicó Cabrera al ser preguntado por los medios después de la polémica surgida por el convenio que suscribieron la Comisión y el ente electoral la semana pasada.
El vicepresidente se cuestionó si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se «siente débiles» para sacar «un proceso eleccionario y evaluar la participación de cada partido» tal y como establece la ley, pero reiteró que ese ente es el único «responsable» de hacerlo.
«La propia Constitución limita que son ellos los responsables. No tienen que buscar el apoyo de otra instancia y menos de una instancia internacional», concluyó.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Tribunal Supremo Electoral firmaron la semana pasada una carta de entendimiento para el apoyo en la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y los medios de comunicación.
Este documento busca establecer parámetros de cooperación y así promover e implementar proyectos bilaterales y multilaterales, como el intercambio profesional, el fortalecimiento institucional, la transferencia de capacidades, la consulta, la cooperación y la asistencia técnica.
Dos de las acciones serán que la Cicig asistirá al TSE en la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, y cualquier asistencia técnica que el ente electoral requiera.
Desde que se conformó en 2006, la Cicig ha rubricado varios acuerdos con diferentes entidades e instituciones con el fin de fortalecer el sistema de justicia, los procesos electorales o la democracia.
Pero la rúbrica de este documento estuvo rodeada de polémica desde el principio, cuando una decena de personas irrumpió a la fuerza cantando y aporreando la puerta y las ventanas del salón donde se realizaba el acto para oficializar esta cooperación.
Asimismo, este lunes dos diputados, uno oficialista y otro aliado al partido gobernante, criticaron este acuerdo por considerarlo una intromisión y exigieron al Congreso emitir una posición formal respecto al mismo. EFE