La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala inauguró hoy el Centro de la Memoria Monseñor Juan Gerardi con el objetivo de ser un referente documental sobre el conflicto armado del país centroamericano, a propósito del vigésimo aniversario del asesinato del prelado.
El Centro Juan Gerardi contiene la recopilación documental del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica y el informe «Guatemala Nunca Más», que encabezó Gerardi tras la Firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla guatemalteca, en 1996.
El proyecto, publicado el 24 de abril de 1998, contenía audio casetes, textos, bases de datos y 6.000 documentos, los cuales fueron digitalizados y sistematizados por un equipo de la Oficina del Arzobispado y que ahora están disponibles para el público en general, tanto en el centro inaugurado este miércoles como en una página de internet.
«Queremos darle acceso a nuestras bases de datos a las personas interesadas, investigadores, víctimas y sus familiares, el propio Ministerio Público (Fiscalía), estudiantes, que la gente pueda tener más información de lo que sucedió en el conflicto armado», que se vivió entre 1960 y 1996, contó a Efe el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Nery Rodenas.
El Centro Gerardi «cuenta con computadoras para los usuarios, sala de reuniones, una biblioteca y acceso a la base de datos, la cual se puede consultar ahí mismo o en la página de internet, por nombre, hechos y lugares», añadió Rodenas.
Además del informe Guatemala Nunca Más, el sitio cuenta con «todas las memorias de la Comisión Nacional de Reconciliación», que encabezaba el arzobispo Rodolfo Quezada Toruño, quien falleció en 2012.
El asesinato de Gerardi aún sigue bajo investigación tras 20 años de haber sucedido. El religioso fue ultimado dos días después de haber presentado el informe GuatemalaNunca Más en la entrada de su residencia, a un costado de la iglesia de San Sebastián, en el Centro Histórico de la ciudad capital.
Por este caso fueron condenados en 2008 como cómplices el capitán del Ejército Byron Lima Oliva (asesinado en prisión en 2016), su padre Byron Disrael Lima Estrada y el sargento Obdulio Villanueva (también ultimado en prisión en 2003), ambos miembros de la guardia presidencial del entonces mandatario Álvaro Arzú Irigoyen, quien gobernó entre 1996 y 2000.
El pasado 12 de abril, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y la Fiscalía de Derechos Humanos solicitaron al Juzgado Noveno de Primera Instancia trasladar el caso a un Juzgado de Mayor Riesgo «por la dimensión del caso» y debido a que las pesquisas son consideradas por los investigadores como «de alto riesgo», en las que se involucra personal del Estado Mayor Presidencial, militares y altos funcionarios.
