El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, normativa que establece el marco jurídico para la organización, regulación, planificación, desarrollo, administración y supervisión del sistema portuario del país.
El objetivo de la legislación es garantizar un funcionamiento eficiente, seguro, competitivo y sostenible de los puertos guatemaltecos, además de impulsar su modernización y fortalecer las condiciones para el comercio nacional e internacional.
La normativa crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como una entidad autónoma y descentralizada del Estado, encargada de regular, planificar, fiscalizar e inspeccionar las actividades relacionadas con el Sistema Portuario Nacional. La institución también tendrá facultades para sancionar incumplimientos de la ley, sus reglamentos y los convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia portuaria.
¿Por qué era necesaria una ley para el sistema portuario?
La creación de un marco jurídico para el Sistema Portuario Nacional responde a dos necesidades principales.
- La primera está relacionada con los sobrecostos que enfrentan los productos importados por vía marítima como consecuencia de los retrasos registrados en los puertos del país.
- La segunda corresponde a las debilidades estructurales existentes en materia de seguridad y protección portuaria, así como a la necesidad de fortalecer el cumplimiento de estándares internacionales.
La Ley General del Sistema Portuario Nacional surgió de las iniciativas 6527 y 6541, que fueron unificadas durante su trámite en el Congreso de la República.
Antecedentes de la regulación portuaria
En 2024, la X Legislatura avanzó en la regulación del sector con la aprobación del Decreto 26-2024, Ley de la Autoridad Portuaria Nacional, orientada a fortalecer la seguridad de los puertos y garantizar el cumplimiento de normas internacionales.
La Autoridad Portuaria Nacional tendrá entre sus funciones normar la actividad del Sistema Portuario Nacional y los servicios que se prestan en los puertos marítimos, incluidas sus terminales especializadas.
Con este nuevo marco jurídico se busca promover el desarrollo, la modernización, la seguridad y la competitividad de los puertos de Guatemala, además de mejorar las condiciones para el movimiento de mercancías y el comercio del país.
