La Cámara de Diputados aprobó hoy el veto parcial del presidente paraguayo, Horacio Cartes, a la ley considerada por la oposición como «blindaje parlamentario», que aumenta los mínimos necesarios para la retirada de investidura a un legislador y ahora pasa al Senado para una segunda votación.
El veto presidencial a la normativa modificaba uno de los puntos concretos de la ley, que estipuló la necesidad de que existiera una sentencia judicial en firme contra el diputado o senador a quien se pretendiera retirar su escaño.
Además de ese punto, la ley aumentó de mayoría simple a mayoría de dos tercios los votos necesarios, en ambas Cámaras, para aprobar la retirada de una investidura.
La aprobación a mediados de marzo de la normativa causó un gran revuelo en la arena política paraguaya y a las críticas por parte de la oposición también se sumaron algunas del sector oficialista.
La más importante fue la del candidato colorado a la Presidencia, Mario Abdo Benítez, quien dijo en una acto de campaña que, si fuera presidente, eliminaría la condición de la sentencia porque es un hecho que podría demorar hasta un año o más a tenor de la corrupción en el seno del poder Judicial.
Días después de sus declaraciones, el mandatario paraguayo vetó esa parte.
La normativa fue impulsada meses después de que el Congreso se viera sacudido por la divulgación de audios en los que se escuchaba a algunos legisladores ejerciendo presión sobre fiscales o haciendo referencia a ese tipo de tráfico de influencias.
Las cintas, difundidas por los medios, fueron el detonante de la pérdida de investidura, la primera en la historia del país, del senador oficialista Óscar González Daher, hoy imputado y entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Semanas después, la Cámara Alta propuso hacer lo mismo con el senador conservador Jorge Oviedo Matto, quien acabó renunciando a su banca antes de que lo echaran acusado también de presunto tráfico de influencias. EFE
