Una red de 192 ONG ha criticado las «terribles» consecuencias de la «guerra contra las drogas», como que 2,5 millones de personas se encuentren encarceladas en el mundo por delitos relacionados con estupefacientes, y han pedido, por ello, reformas en las políticas antinarcóticos de la ONU.
Esta red de ONG y organizaciones, agrupada bajo el nombre de Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), hizo coincidir sus críticas con el inicio en Viena de la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, el órgano donde los Estados debaten la estrategia mundial antinarcóticos.
Este abril también se celebra el 60 aniversario de la aprobación de la Convención de 1961 sobre drogas, que es la piedra angular de toda la normativa internacional sobre estupefacientes.
«El 60 aniversario del régimen mundial sobre drogas nos da pocos motivos de celebración», consideró Ann Fordham, directora ejecutiva del IDPC, que demanda que el consumo de drogas sea tratado como un asunto de salud pública y no como un problema judicial o policial.
Estas ONG sostienen en un informe difundido hoy que las leyes contra las drogas siguen afectando de forma desproporcionada a minorías y a otras comunidades marginadas, lo que alimenta la pobreza y la desigualdad.
En el documento se indica que 2,5 millones de personas en todo el mundo están en prisión por algún delito relacionado con las drogas, de las cuales al menos 475.000 están encarceladas sólo por consumo personal.
En 2017, según el informe, se contabilizaron 585.000 muertes en todo el mundo relacionadas con el consumo de drogas y las leyes para controlar los estupefacientes limitan en muchos países el acceso a analgésicos como la morfina.
Así, 5.000 millones de personas en el mundo viven con nulo o escaso acceso a medicamentos que alivien el dolor y a los cuidados paliativos, sobre todo en países pobres y en desarrollo.
El informe también critica que sólo una de cada ocho personas con problemas de drogodependencia tienen acceso a tratamiento.
Fordham admitió que en los últimos cinco años también se han logrado algunos avances, como la despenalización del consumo personal y la legalización del cannabis en algunos países.
«Sin embargo, en la mayor parte del mundo, los gobiernos siguen apegados a políticas draconianas que han tenido un impacto catastrófico en las comunidades y han fracasado rotundamente en su propósito declarado de erradicar los mercados de drogas», añadió.
El IDPC considera que las campañas de erradicación forzosa de los cultivos como el cannabis o la hoja de coca dejan sin recursos a agricultores pobres que no tienen una forma alternativa de ganarse la vida.
«Las comunidades nos dicen que continúan enfrentándose a las ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte, actos de tortura y discriminación, y se les niega sistemáticamente el acceso a servicios de salud», resaltó la jefa de investigación y comunicaciones del IDPC, Marie Nougier.
Con información de Efe