La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó en suspenso este miércoles el proceso de desafuero contra tres de sus magistrados acusados, supuestamente, de haber limitado la política exterior del presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
El pleno de la Corte informó de esta decisión en un comunicado, en la que los magistrados, de manera «unánime», decidieron otorgar el amparo provisional solicitado por el titular de la Procuraduría de los Derechos humanos, Jordán Rodas, en contra de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia el 9 de enero de remitir al Congreso las diligencias.
«Como consecuencia de la decisión, el Tribunal Constitucional suspendió la decisión de la Corte Suprema de Justicia y dejó sin efecto toda actuación tendiente a la persecución de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en las diligencias de antejuicio relacionadas», explicó el tribunal.
Tras conocer el fallo, el magistrado de conciencia se mostró «muy satisfecho» y aseguró que los magistrados resolvieron «legalmente, no faltaron a la ética y lo más importante, cumplieron fielmente con el juramento de defender la Constitución y el Estado de Derecho».
La denuncia contra los tres magistrados del máximo tribunal presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación argumenta la supuesta «extralimitación de funciones» del Constitucional al resolver contrario a una decisión del presidente Morales en materia de política exterior.
Los tres magistrados constitucionales titulares (de cinco existentes) que serían sujetos del antejuicio (proceso de desafuero) en el Congreso son Gloria Porras, Boanerge Mejía y Francisco de Mata, quienes han votado reiteradamente a favor de amparos que han detenido decisiones presidenciales que buscan perjudicar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y aliados estratégicos.
La Asociación de Dignatarios de la Nación denunció a los magistrados Porras, Mejía y De Mata por haber impedido la expulsión del embajador sueco Anders Kompass, quien fue señalado por la canciller, Sandra Jovel, de haber injerido en asuntos internos.
En una audiencia pública ante el Constitucional en agosto pasado, el Gobierno de Guatemala defendió las facultades del presidente para dirigir la política exterior y decidir sobre la presencia de un embajador como Kompass en territorio nacional.
En ese día, incluso Jovel señaló a la alta Corte de «intromisión directa» en la política exterior al haber validado el amparo en favor de la permanencia de Kompass.
El Congreso guatemalteco sorteó el pasado jueves a los integrantes de la pesquisidora que recomendaría retirar o no el fuero a los magistrados del Constitucional y cuyo trabajo queda ahora en suspenso.
Además del expediente resuelto este día, el Constitucional tiene en trámite otros 6 amparos adicionales interpuestos.