El exministro de Gobernación (Interior) de Guatemala Mauricio López Bonilla fue condenado hoy a 8 años y 6 meses de prisión por un caso de fraude en la administración pública, por el arrendamiento de 47 vehículos blindados entre 2014 y 2015.
El juez del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Carlos Ruano, también condenó por la misma cantidad de años al exviceministro del Interior Manfredo Pacheco, pero absolvió de los cargos al exdirector de la Policía Nacional Civil Walter Vásquez.
López Bonilla y Pacheco fueron inhabilitados por ocho años y seis meses de la función pública y deberán pagar las costas procesales del caso.
Según el juez, el Ministerio Público no logró demostrar de forma efectiva la participación del exdirector Vásquez, quien estaba acusado del delito de abuso de autoridad.
El juez admitió que ni López Bonilla ni Pacheco habían intervenido «de manera directa», pero que las pruebas de la Fiscalía, en donde fueron mencionados en las grabaciones, dio cuenta que sí suscribieron cuatro contratos de arrendamiento de los 47 vehículos blindados.
Ruano explicó que el 30 de diciembre de 2014 «se aprobaron todos los documentos que se necesitaban para los contratos correspondientes a 2015», con la intención de que «otras personas» se beneficiaran con el gasto de la cartera del Interior.
El exministro dijo que estaba enfrentando la ley, con honor y dignidad y afirmó que esperaba la sentencia porque se trata «de un tema político», sin embargo aún ve una esperanza hasta que no quede en firme el fallo.
Hará uso de los recursos «que vamos a agotar», la apelación especial, la casación y el amparo ante el Constitucional, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Nunca fui notificado de un hallazgo» de la Contraloría General de Cuentas, y «de una entra esto a una denuncia penal y todo lo que el juez refirió es lo que había dicho el Ministerio Público», dijo el exministro, además de que vio «muchas contradicciones en el proceso».
El Ministerio Público detalló que los contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados ascendieron a 32,7 millones de quetzales (4,37 millones de dólares).
Según la investigación, el exministro del Interior, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), cometió un acto ilegal al aprobar, por medio de resoluciones ministeriales, los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios de las diversas dependencias de esa cartera.
López Bonilla, quien fuera mano derecha del expresidente -también en prisión preventiva por otros casos de corrupción-, está acusado en los casos La Cooperaca, Patrullas y Caja de Pandora y cuenta con una solicitud de extradición de Estados Unidos en su contra por presunta vinculación con el narcotráfico.
Efe
