Un Tribunal de Guatemala emitió hoy una sentencia que contempla penas de hasta 65 años de cárcel para 5 personas, quienes fueron encontradas culpables de asesinar a un concejal del departamento norteño de Petén en el año 2016.
Marcelo Ortíz Marroquín, Salvador Castañeda Juárez y Aníbal Hernández Guzmán fueron condenados a 37 años por asesinato y asociación ilícita, mientras que a Abiel Marino Recinos Corado le impusieron 65 años y 8 meses (por asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita) y a José Ángel Martínez 26 años y 8 meses (por asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita).
Según la investigación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, los cinco participaron en el asesinato de Ervin Orlando Sánchez Andrade, concejal de la municipalidad de Las Cruces, en Petén.
El crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2016 en Las Cruces, Petén, donde también resultó herida una persona que acompañaba al concejal.
Por este mismo caso, la Fiscalía solicitó hace un año desaforar al alcalde de ese municipio, René Gilberto Reynosa Alegría -del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)-, quien creen que es el que ordenó asesinar al funcionario para defender sus intereses políticos, hecho que motivó la petición de desafuero.
Los antecedentes se remontan a una investigación contra la corrupción en la municipalidad que el mismo 29 de diciembre de 2016 motivó la detención del secretario municipal, Byron Misael Sarceño Castillo.
Ese mismo día también se presentó un antejuicio contra el alcalde (aún en curso) por los delitos de falsedad material y abuso de autoridad, pues supuestamente autorizó la ejecución de tres obras por un valor de unos 880.000 quetzales (unos 120.000 dólares) que ya estaban realizadas.
Este caso había sido denunciado por el concejal asesinado, cuyo homicidio tuvo lugar el mismo día en el que se llevaron a cabo estas diligencias. Esa noche, dos personas que iban en moto le asestaron 16 balazos, dejándolo muerto en el lugar de los hechos.
La Fiscalía cree que hay indicios que establecen que Reynosa Alegría planificó este crimen para que el concejal dejara de interferir en sus intereses políticos, por lo que solicitaron retirarle el fuero para que pudiera ser investigado. EFE