El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Electorales, logró que el Juzgado de Asuntos Urgentes resolviera decretar la medida precautoria de arraigo contra Orlando Joaquín Blanco Lapola, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por su presunta participación en el delito de financiamiento electoral ilícito.
De acuerdo con la Fiscalía, el arraigo fue solicitado con el objetivo de asegurar la presencia del parlamentario en el proceso judicial que se sigue en su contra por el delito de financiamiento electoral ilícito, que se habría cometido en el proceso electoral pasado, cuando fungió como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización política.
La petición solicitada por dicha Fiscalía se da después que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron retirarla la inmunidad.
El 24 de agosto del 2017, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala del Ministerio Público en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, dieron a conocer la investigación sobre “Financiamiento Electoral Ilícito, Campaña Política 2015”, que involucra a los partidos políticos de la UNE y la Libertad Democrática Renovada.
La participación del partido político UNE, a partir de la recolección de información sobre financiamiento electoral ilícito entre el 1 de enero del año 2015 al 9 de enero de 2016. El referido partido incumplió con sus obligaciones de reportar al Tribunal Supremo Electoral aportes dinerarios destinados al pago de transporte aéreo, prestado por la empresa Helicópteros de Guatemala, S.A.
Los servicios aéreos fueron prestados a distintos candidatos, entre ellos Francisco Echeverría, Sandra Julieta Torres Casanova, Carlos Barreda, Mario Vicente López Rodas y Orlando Joaquín Blanco Lapola, por la suma de dos Q 2 millones 216 mil, 850.00.
La UNE reportó Q 1 millón, 652 mil, 484.65 como “aportes no dinerarios” de BIENNO, S.A. y MAARIV, S.A., para transporte aéreo. A raíz de la información, el Ministerio Público solicitó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), una auditoría para las entidades que aparecían en la contratación de vuelos para la UNE, de acuerdo con la investigación.
Se solicitó a la SAT, una auditoria para las entidades que aparecían en la contratación de vuelos ejecutados por el partido político en mención.
MP/SN