El Ministerio de Cultura y Deportes destituyó a la directora del Archivo General de Centroamérica, Anna Carla Ericastilla, mediante un acuerdo ministerial, según pudo conocer Efe este martes.
La viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, Gladys Palala, confirmó a Efe el cese de la relación laboral de Ericastilla, sucedido este lunes, debido a que «en su actuar administrativo no respetó las leyes y reglamentos» y las respuestas que dio ante las consultas de recursos humanos «no fueron satisfactorias».
Según la viceministra, Ericastilla no supo explicar por qué se creó una cuenta bancaria «paralela» a nombre del Archivo Histórico de la Policía Nacional para gestionar fondos de donaciones que fueron usados para contratar personal y adquirir bienes.
Palala aseguró que para el funcionamiento del Archivo Histórico de la extinta Policía Nacional, un fondo documental más del Archivo General de Centroamérica, existía presupuesto de diversos donantes que eran manejados desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Si bien «no hubo mal uso de los fondos» depositados en la cuenta «paralela», como reconoció Palala, sí fue «ilegal» que el Ministerio de Cultura y Deportes, ente rector del Archivo General de Centroamérica, no tuviera conocimiento de la cuenta bancaria.
Tanto Ericastilla, que era la responsable del Archivo Histórico, como el excoordinador de dicho acervo, el activista Gustavo Meoño, «hicieron convenios con otros donantes y no fue precisamente mediante el PNUD», además de haber trasladado copias digitales a la Universidad estadounidense de Texas en Austin, lo cual «fue inapropiado», advirtió Palala.
«Cada cierto tiempo el Archivo enviaba discos duros de documentos digitalizados a la Universidad de Texas», dijo la viceministra, quien detalló que ello «servía para que los estudiantes hicieran laboratorios y estudios con la información, lo cual es una situación compleja».
Además, Palala destacó que hace diez años se trasladaron los documentos de la extinta Policía Nacional desde el Ministerio de Gobernación al Archivo General de Centroamérica, pero nunca hubo una «unidad administrativa dentro del Ministerio de Cultura que diera respaldo» hasta el pasado 10 de junio, cuando se constituyó como tal la unidad dentro de la cartera cultural.
La viceministra agregó que Ericastilla tuvo un «doble papel», pues por una administración anterior la nombró como «directora del programa de cooperación entre el PNUD y el Ministerio de Cultura y ella llegó a representar a la entidad de Gobierno, además del Archivo General de Centroamérica».
Sin embargo, la funcionaria no consiguió explicar cuándo inició el procedimiento en contra de Ericastilla, quien en agosto del año pasado fue destituida de su labor al frente del acervo documental de la Policía Nacional, pero continuó al frente del Archivo General de Centroamérica.
El año pasado también se suspendió en agosto la renovación del contrato del coordinador del Archivo Histórico, Gustavo Meoño, quien había permanecido al frente de la entidad desde que fue hallado el 5 de julio de 2005 el mar de 80 millones de documentos policiales desde 1881 a la fecha, escondidos entre humedad y plagas de bichos y murciélagos en un edificio a medio construir.
Este 30 de junio también concluyó la administración del PNUD en el Archivo Histórico, que pasó a control absoluto de Cultura, como parte de un acuerdo de institucionalización que contempla el aporte presupuestario de fondos públicos para el rescate, limpieza, conservación y acceso de los documentos, claves en la búsqueda de justicia y recuperación de la memoria de Guatemala.
En más de 14 años, el Archivo Histórico de la Policía Nacional digitalizó más de 24 millones de documentos, en su mayoría de la década más cruenta del conflicto armado (1975-1985), disponibles al público a través del acceso a la información, salas de consulta y -una buena parte- en el sitio web de la Universidad de Texas en Austin.
El Archivo General de Centroamérica, que cuenta con documentos de toda la región que datan desde 1521, consta de un aproximado de 220 millones de documentos, resguardados y accesibles a la consulta pública. EFE