El Gobierno de Honduras pidió hoy respetar los derechos constitucionales y el debido proceso que tiene la ex primera dama del país Rosa Elena Bonilla, quien ha sido acusada y encarcelada por presuntos delitos de corrupción.
En un comunicado divulgado por la Casa Presidencial, el Gobierno de Honduras indicó que «lamenta profundamente» la situación que atraviesa la familia del exgobernante hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) tras la detención de la ex primera dama.
Además, ratificó su posición de que en este como en cualquier otro caso «se respeten los derechos constitucionales de toda persona, la presunción de inocencia, derecho de defensa y el estricto apego al debido proceso».
«El Gobierno de la República seguirá respetando la independencia de los poderes del Estado, así como de los órganos de persecución penal y Justicia», se añade en el comunicado divulgado un día después de que el expresidente Lobo dijera que cinco días antes de que su esposa fuera detenida en su casa, sabía que iban a llegar por ella.
En declaraciones al Canal 3 de televisión en Tegucigalpa, Lobo dijo que alguien, a quien no identificó, le informó que «cinco personas se reunieron en la Casa Presidencial», donde habrían planificado la acción contra su esposa, quien fue capturada el 28 de febrero en su residencia en el extremo oriental de Tegucigalpa.
En esa reunión se habría decidido, según el expresidente, que había que darle «algo» a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), y que su esposa era la más débil.
La ex primera dama y otros exfuncionarios fueron acusados de «malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita», aunque por el último la esposa de Lobo fue sobreseída.
También ha sido capturado Mauricio Mora, cuñado de la ex primera dama, mientras que su exsecretario privado, Saúl Escobar, se entregó el viernes pasado a las autoridades y el sábado fue enviado a una cárcel cercana a Tegucigalpa por orden de un juez.
Escobar es acusado por los presuntos delitos de «lavado de activos y asociación y confabulación para lavado de dinero», según las autoridades.
Los acusados, de acuerdo a la denuncia, se habrían apoderado «de más de 16 millones de lempiras (unos 674.536 dólares) y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado destinado a obras sociales». EFE