El Gobierno de Sudáfrica anunció este jueves que apelará la decisión judicial que declaró inconstitucionales las restricciones impuestas para luchar contra la COVID-19, emitida esta semana por un juez que entendía que muchas normas no superan un «test de racionalidad».
«Tenemos la opinión de que otro tribunal llegaría a una conclusión diferente sobre el asunto. El Gabinete, por tanto, ha decidido apelar la decisión del Tribunal Superior de Gauteng Norte (Pretoria)», confirmó el ministro de la Presidencia, Jackson Mthembu.
La decisión se tomó en una reunión especial del Gabinete convocada para discutir el polémico veredicto divulgado el pasado martes por el juez Norman Davis.
Según explicó Mthembu en una rueda de prensa, el Gabinete está muy «confiado» en poder ganar una apelación, ya que ve la normativa bien «articulada» y justificada dentro del objetivo general de «salvar vidas».
El ministro también avanzó que el Gobierno sudafricano planea extender la declaración del «estado de desastre nacional» por la COVID-19 durante al menos un mes, un mecanismo necesario para mantener las restricciones en pie.
La reacción del Ejecutivo del presidente, Cyril Ramaphosa, se esperaba desde este martes, cuando se conoció el fallo del juez que invalidaba las estrictas normas que integran las fases 3 y 4 de desconfinamiento en Sudáfrica.
Dichas normas son las que están en vigor actualmente y forman parte del plan oficial de desescalada en Sudáfrica, donde la fase 5 es el máximo grado de paralización del país (confinamiento general, con solo servicios esenciales) y la fase 1 la más cercana a la recuperación de la vida normal.
El veredicto de Davis, que no suspendía inmediatamente las normas sino que daba al Ejecutivo 14 días laborables para rectificar, se produjo en respuesta a una denuncia encabezada por la asociación civil Liberty Fighters Network (Red de Luchadores por la Libertad).
Muy crítico con las decisiones del Gobierno, el magistrado dictaminó que, en «un número significativo», las restricciones impuestas no están «racionalmente conectadas con los objetivos de ralentizar la tasa de infecciones o limitar su propagación».
En concreto, las fases 3 y 4 han estado en vigor durante mayo y junio y son aún muy restrictivas en asuntos como las reuniones sociales y familiares (prohibidas totalmente), los desplazamientos, la actividad en sectores como la peluquería y la restauración o la venta de alcohol y tabaco (prohibida o muy restringida).
«Para expresarlo sin rodeos, difícilmente se puede argumentar que es racional permitir a montones de personas correr en un paseo, pero que el poner un pie en la playa (aún cerradas) lleva a una escalada de infecciones», argumentó el juez.
La decisión había causado una gran incertidumbre en Sudáfrica, el país de África en el que más avanzada está la epidemia de COVID-19.
Según los últimos datos, la nación austral acumula 792 muertes y 37.525 casos de contagio, la mayor parte de ellos concentrados en la provincia del Cabo Occidental, donde se encuentra Ciudad del Cabo. EFE