La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, indicó hoy que, a solicitud del presidente, Jimmy Morales, remitió una nota diplomática a Naciones Unidas para que envíe propuestas de candidatos a ocupar el cargo de jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En un escueto mensaje en su despacho, Jovel dijo que «el o la comisionada deberá ser nombrada con el asentimiento del Gobierno de Guatemala«, lo cual «es consistente en las reglas y principios del derecho internacional».
Sin embargo, añadió que el país centroamericano solicitó al secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, que cumpla con «facilitar los requerimientos», porque «en caso contrario se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de una nueva comisionada o comisionado, en los términos y plazos que se han solicitado».
Un fallo provisional del Constitucional, emitido la noche del domingo, otorgó un amparo al abogado Alfonso Marroquín, quien había solicitado revertir la decisión del presidente Morales de prohibir el ingreso a Guatemala del comisionado de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez.
Morales decidió el pasado 4 de septiembre, un día después de que la Cicig anunciara que el comisionado había viajado a Estados Unidos por motivos de trabajo el día anterior, que Velásquez no iba a ingresar de nuevo al país por considerarlo un peligro para la seguridad nacional y el orden público.
El pasado 31 de agosto, el presidente anunció que tampoco renovaría el mandato de la Cicig, que expira el 3 de septiembre de 2019, por considerar que realiza investigaciones partidarias.
La resolución del Constitucional de este domingo, que no menciona en ningún momento el nombre del jurista sudamericano, señala que las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala deben agotar la negociación para que, en «armonía», se permita el ingreso al comisionado o comisionada al país como lo establece el acuerdo firmado en 2006.
El alto tribunal explicó que no hay un tiempo definido para dar cumplimiento a esta resolución, pero aclaró que se considerará un desacato si no se cumple.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) en un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, ha acusado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.
El Tribunal sí denegó el amparo provisional a otros recursos presentados contra la decisión de no renovar el mandato de la Comisión, aunque, como este otorgado, deberán seguir su trámite correspondiente
Efe
