La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró hoy «urgente» que Guatemala proteja las creaciones textiles y la indumentaria originaria de las mujeres indígenas del país, quienes denunciaron que empresas de ropa y diseñadores «roban y copian» sus diseños.
«Es un asunto muy urgente que ellas tengan leyes específicas (…) para colectivamente proteger sus propiedades intelectuales, y que si son robadas, ellas tengan la manera de buscar un remedio», apremió la comisionada Margarette May Macaulay en una audiencia pública celebrada en Bogotá.
Macaulay recordó que existe «una posición discriminatoria» hacia las tejedoras que denuncian esta situación por el hecho «de ser mujeres» y «ser indígenas».
La vocera del Movimiento Nacional de Mujeres Tejedoras Sandra Xinico denunció ante la CIDH que preservar sus creaciones tradicionales «en un mundo de globalización que todo lo vende» es una «acción de resistencia (…) sobretodo de las mujeres indígenas».
La plataforma presentó en 2017 al Congreso de Guatemala una propuesta para reconocer la propiedad intelectual colectiva de estas artesanías.
«No reclamamos una autoría individual porque nos reconocemos como una colectividad (…) Se apropian de la historia de todo un pueblo. ¿Por qué hay una diferencia entre comprarle a una mujer indígena o a un diseñador?», reclamó Xinico.
El presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo guatemalteco en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), Jorge Luis Borrayo, propuso en la audiencia iniciar ante la Unesco los trámites para declarar los tejidos de las mujeres indígenas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Borrayo también recordó que el país «ha hecho esfuerzos para proteger» las poblaciones indígenas y que Guatemala está «orgullosa» de su «identidad».
La propuesta fue bien recibida por la CIDH, que sin embargo instó al gobierno guatemalteco a implementar la propuesta de ley impulsada por el Movimiento Nacional de Mujeres Tejedoras.
«Vamos a seguir monitoreando la situación», afirmó Macaulay, quien recordó a las solicitantes que si «se encuentran en una posición donde no hay remedio legal provisto por el estado» pueden acudir «directamente» al CIDH.
EFE/SN