La fiscal general de Guatemala y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, entregó hoy a un grupo de diputados una propuesta para reformar el sistema de prisión preventiva.
Este proyecto de reforma, que no es una iniciativa de ley pero que busca que «pueda ser analizada y tomada en cuenta» por los parlamentarios, se consensuó en varias mesas de diálogo después de comenzar la discusión en marzo de este año.
Entre los objetivos, explicó Porras, está ajustar la normativa y la práctica a los tratados ratificados por Guatemala y a los estándares internacionales, actualizar la normativa, agilizar el proceso penal y superar las tendencias a la privación de libertad.
Una de las reformas que se proponen para el Código Procesal Penal es agregar un catálogo de medidas de coerción que incluyen presentarse ante el juez, tener buena conducta, no asistir a algunas reuniones o lugares y una caución económica, pero también está la creación de la Unidad de Control de Medidas de Coerción a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta expone eliminar el catálogo de delitos que no tienen prisión preventiva para que sea el juez el que decida y sugiera cesar el encarcelamiento después de dos meses de presentada la acusación si no se ha concluido la etapa intermedia de proceso (en la que el juez decide o no la apertura de un juicio).
El Sistema Penitenciario, que ha reconocido que no tiene el control de sus centros, está a cargo de las 22 cárceles públicas que hay en el país y que sufren un hacinamiento de más del 300 por ciento, pues la capacidad es para 6.800 presos y en la actualidad son 24.225 los internos, de los que 12.586 cumplen prisión preventiva. EFE
