La Justicia desaprobó hoy una vez más al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, y le ordenó permitir el ingreso al país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez.
El pleno de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal, decidió por unanimidad otorgar un amparo provisional contra esa decisión Presidencial y, por ende, autorizar el regreso del abogado colombiano, quien sigue en Estados Unidos al frente de la CICIG.
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«Esta Corte (…) estima que resulta aconsejable el otorgamiento del amparo provisional promovido con el efecto de ordenar al citado funcionario (el presidente) que agote las negociaciones pertinentes con la Organización de Naciones Unidas por medio del órgano correspondiente», establece la resolución.
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Y es que los magistrados admitieron en su fallo que el acuerdo que da vida a la Comisión, firmado por el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y aprobado por el Congreso en 2007, «continúa vigente» hasta el 3 de septiembre de 2019, cuando vence la última prórroga solicita por el propio Morales.
En este sentido, el artículo 12 de este acuerdo indica que cualquier controversia debe resolverse por negociación de las partes o cualquier medio mutuamente convenido y obliga a ambas a agotar estas vías para alcanzar las soluciones.
Lo que ha llamado la atención de este fallo es que en ningún momento menciona el nombre del actual jefe de la Comisión, el abogado colombiano, sino que hace referencia en reiteradas ocasiones a quien ostente el cargo, «el comisionado o la comisionada».
Un hecho que algunos analistas señalan como una puerta abierta para que la ONU decida cambiar a Velásquez, un hombre que está al frente de la Cicig desde 2013 y que ha sido clave a la hora de desarticular grandes casos de corrupción, junto con el Ministerio Público.
El fallo también recuerda que las decisiones que emanan de la Corte de Constitucionalidad son «irrecurribles por el fondo y deben ser acatadas», si no habría responsabilidades legales, una opinión que parece ser un mensaje al presidente, quien dijo que no acataría «órdenes ilegales».
Esta no es la primera vez que el Constitucional desacredita las decisiones del presidente respecto a la Comisión. El año pasado, a finales de agosto, Morales declaró «non grato» a Velásquez y ordenó su expulsión inmediata, una medida que también fue revocada, al igual que el intento de no otorgarle la correspondiente visa de trabajo.
La decisión de este domingo ha sido celebrada por varios sectores como el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien ya le dio la bienvenida al comisionado y se congratuló por el restablecimiento del orden jurídico.
Velásquez no ha emitido hasta el momento ningún posicionamiento, pero la Cicig sí dijo que respeta este fallo y aseguró que esperan a su jefe lo antes posible, aunque advirtió que él sigue trabajando desde Nueva York, como le pidió el secretario general de la ONU, António Guterres.
La resolución de los magistrados ha estado rodeada, según diversas fuentes, de presiones gubernamentales y sociales, y este domingo los policías pedían identificaciones a los periodistas que esperaban en la calle para entrar a la Corte, algo inusual.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) en un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la CICIG, la cual, junto al Ministerio Público, ha acusado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.
Estos puntos han sido negados por el presidente, quien reiteró en los últimos días que su verdadera intención es defender la soberanía y la paz del país, asegurando que ningún estado u organismo internacional puede intentar socavar la tranquilidad.
Y es que el Gobierno guatemalteco acusó a la Comisión de ser una entidad paralela y clandestina constituida en instancia supranacional, a través de la cual Naciones Unidas vulnera la soberanía del país.
Efe
