Aumenta el peligro durante el proceso electoral
El informe también indica que el actual proceso electoral en el que se encuentra Guatemala se incrementan los riesgos para la seguridad y el trabajo de los defensores de los derechos humanos.
Así, se logró documentar ataques contra líderes comunitarios e indígenas y el asesinato de tres candidatos y de dos personas que manifestaron su voluntad de postularse para un cargo público desde enero de 2019.
“La impunidad en relación con estos delitos es persistente y generalizada. Los jueces independientes -incluidos los de los tribunales superiores- y los fiscales sufrieron agresiones, amenazas y represalias y fueron estigmatizados, en concreto debido a su participación en casos de corrupción o de justicia transicional”.
Algunos de los elementos que dificultan los cambios estructurales necesarios para resolver esta situación son la corrupción endémica, la falta de tenencia de la tierra, la seguridad y las debilidades institucionales.
Durante los años 2017 y 2018 se produjeron 39 asesinatos y casi 900 ataques contra defensores de los derechos humanos en Guatemala. La violencia no es el único peligro al que se enfrentan esas personas, sino que también sufren amenazas, intimidación, vigilancia, estigmatización y violencia sexual y de género.
Una de las principales inquietudes que describe el informe es la criminalización que sufren los defensores de los derechos humanos basada “en el uso indebido del derecho penal en su contra”, que afecta especialmente a los defensores de los derechos a las tierras y los recursos naturales.