Más de 40 ONG, incluida Human Rights Watch (HRW), pidieron hoy al Parlamento de la República Centroafricana (RCA) que adopte las normas de procedimiento para activar el nuevo tribunal encargado de juzgar crímenes de guerra.
En una carta enviada a los parlamentarios, las organizaciones pro derechos humanos -la mayoría centroafricanas pero también internacionales- señalan que el Tribunal Criminal Especial «no puede proceder a las investigaciones y juicios» sin la aprobación de esas normas.
Creado por ley en 2015, ese tribunal funciona, dentro del sistema judicial centroafricano, con apoyo internacional y tiene el mandato de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el país desde 2003.
Las designación de los fiscales y jueces del tribunal comenzó en 2017.
«El Tribunal Criminal Especial ofrece la oportunidad fundamental de romper los ciclos de impunidad que causan la violencia en la República Centroafricana», afirmó el presidente del Observatorio Centroafricano de Derechos Humanos, Maitre Barthélémy Morouba.
«La reciente violencia en Bangui muestra que, en cinco años de conflicto, grupos armados todavía sienten que pueden matar y aterrorizar a los civiles son consecuencias», agregó Morouba.
Las reglas de procedimiento, recuerdan los firmantes, se enviaron al Parlamento el pasado 15 de mayo, coincidiendo con el peor estallido de violencia en la capital centroafricana desde 2015.
La labor de la nueva corte complementa, entre otras, dos investigaciones abiertas por el Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre crímenes perpetrados en la RCA.
La carta se divulgó después de que conocerse que al menos 12 personas murieron entre el miércoles y hoy en un ataque y posteriores enfrentamientos en un barrio musulmán de Bangui, informó la Cruz Roja del país.
A pesar de la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para República Centroafricana (Minusca), estos barrios siguen viviendo la inseguridad por choques entre grupos que se denominan de «autodefensa».
La República Centroafricana vive un complicado proceso de transición desde que en 2013 los exrebeldes Séléka derrocaran al presidente François Bozizé, desatando una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que causó miles de muertos y ha obligado a cerca de un millón de personas a abandonar sus hogares.
La elección de Faustin Archange Touadéra como nuevo presidente en febrero de 2016 debía abrir una nueva etapa para la República Centroafricana, que, sin embargo, todavía tiene muchos problemas para controlar a los grupos rebeldes.
EFE