El opositor Partido Popular Unido (PUP, en inglés) de Belice busca que los tribunales anulen el referéndum previsto para el próximo 10 de abril en el que se consultará a la población si está a favor de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decida sobre la disputa fronteriza con Guatemala.
El PUP anunció hoy que presentará argumentos ante el presidente del Tribunal Supremo de Belice, Kenneth Benjamin, para que invalide la consulta, que Guatemala ya celebró con un resultado mayoritario a favor de que sea esa instancia judicial la que decida sobre la disputa entre los dos territorios centroamericanos.
Los abogados del PUP pedirán a la Justicia de Belice que determine la legalidad del acuerdo especial firmado en 2008 que abrió el camino para llevar la disputa territorial entre Belice y Guatemala a la Corte Internacional de Justicia.
Según el artículo 5 del acuerdo, las partes «aceptarán la decisión de la Corte Internacional de Justicia como definitiva y vinculante, y se comprometerán a cumplirla e implementarla de manera plena y de buena fe».
Las partes, según el acuerdo, se comprometen dentro de los tres meses posteriores a la fecha de la sentencia a poner en marcha una comisión bilateral para llevar a cabo la demarcación de sus límites de conformidad con la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
Si no se llegara a un acuerdo dentro de los tres meses, cualquiera de las partes puede solicitar a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos que designe a los miembros de la comisión bilateral en busca de nuevas negociaciones.
El abogado principal del PUP, Eamon Courtenay, recordó que Guatemala pospuso su referéndum dos veces, por lo que aseguró que la anulación de la consulta se trata de una medida entendible dada la trascendencia del asunto para Belice.
La fiscal general de Belice, Eliza Montalvo, cuestionó que los reclamantes esperaran hasta estas fechas para presentar una orden judicial contra la celebración de la consulta popular.
Los argumentos orales están programados para el próximo 1 de abril, mientras que hasta el próximo día 25 podrán presentarse todas las alegaciones que se estimen oportunas por escrito.
«Si el presidente del Tribunal Supremo rechazara la orden judicial tenemos la opción de pasar al Tribunal de Apelación con carácter de emergencia y posteriormente al Tribunal de Justicia del Caribe», advirtió Courtenay.
«Pero todo eso es prejuzgar lo que va a pasar. Creemos que el interés de la justicia y el estado de derecho requerirá que los demandantes tengan su oportunidad ante en el Tribunal Supremo», concluyó.
Desde 1821, Guatemala ha reclamado más de la mitad de Belice, estado miembro de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, pero continúa reclamando más de la mitad de su territorio, incluidos varios cayos en el Mar Caribe.
Caricom ya se ha pronunciado a favor de la decisión de Belice de celebrar una consulta popular para saber si su población acepta elevar a la Corte Internacional de Justicia la disputa territorial con Guatemala.
Con más del 95 % de los votos a favor del sí, Guatemala celebró el 15 de abril una consulta para poner un punto a favor al histórico diferendo territorial, insular y marítimo con Belice por la vía de la Corte Internacional de Justicia.
efe