Un grupo de nueve organizaciones humanitarias internacionales y guatemaltecas puso en duda varios aspectos del proceso de elección del nuevo fiscal general de Guatemala y exhortaron a la comisión que dirige este sistema a modificarlo, cuando hoy comienza la evaluación.
En una carta dirigida al presidente del Organismo Judicial y de la Comisión de Postulación para Fiscal General, José Antonio Pineda, los organismos cuestionaron que la tabla de gradación para medir a los candidatos no permite evaluar «con precisión» los requisitos de idoneidad, capacidad y honestidad.
En este sentido, aseguraron que la capacidad de los aspirantes se verifica únicamente a través de títulos académicos y no se tienen en cuenta aspectos como el conocimiento o las competencias para el cargo, y tampoco se estudia el plan de trabajo ni «la independencia e imparcialidad», condicionantes «fundamentales» para el cargo.
Según la tabla de gradación de 100 puntos aprobada el pasado 29 de enero por la comisión de postulación, el ejercicio profesional será prioritario entre los aspirantes con 65 puntos, seguido de la formación académica y la proyección humana, factores que deberán ser probados en su currículo y en los exámenes que les apliquen.
La misiva, con fecha del 16 de febrero -el día en el que finalizó el plazo para presentar las candidaturas-, manifiesta su descontento con que la comisión, que deberá evaluar los 39 expedientes presentados para presentar una nómina de seis al presidente, solo acepte como señalamientos las «resoluciones definitivas o condenatorias».
«Es importante tomar en cuenta que la designación de fiscal general es un asunto de alto interés público, por lo cual es importante garantizar una amplia participación ciudadana, tal como lo establecen los estándares internacionales en la materia», abunda el escrito.
Es por ello que las organizaciones piden a la Comisión revisar la tabla de gradación para que los criterios de evaluación correspondan «con el perfil» de los aspirantes y que «se apliquen los medios de verificación adecuados», además de permitir a la ciudadanía presentar información sustentada en contra de cualquier candidato.
La comisión está integrada por los doce decanos de derecho de las universidades del país, además del presidente y vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios y el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial.
«Nos preocupa que algunos de estos instrumentos no son suficientemente claros ni asertivos para realizar una evaluación objetiva de los aspirantes, ni garantizan una participación efectiva de la ciudadanía», proclaman.
Las organizaciones, entre las que están el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Open Society Justice Iniciative, Abogados sin Fronteras Canadá y la Fundación para el Debido Proceso, piden además que todo el procedimiento continúe siendo público y que cada miembro de la comisión explique su voto a la hora de deliberar sobre los expedientes.
La carta, en la que ofrecen su disposición de seguir colaborando en el proceso, también está firmada por la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, la Comisión Internacional de Juristas, Guatemala Human Rights Commission, Washington Office on Latin American (WOLA) e Impunity Watch.
Un total de 39 aspirantes entregaron sus documentos a la comisión de postulación, entre los que destacan jueces, magistrados, abogados y hasta un embajador que busca volver al cargo 25 años después.
De estos, solo 6 serán incluidos en la nómina final que le será entregada el próximo 23 de abril al presidente Jimmy Morales, quien deberá entrevistarlos y definir al sucesor de la actual fiscal general, Thelma Aldana, para el período 2018-2022.
EFE/SN
